La informalidad laboral en México también está presente dentro del sector formal de la economía, donde, a escala nacional, el 23.8 por ciento de las personas en condición de informalidad laboran en unidades económicas formalmente registradas, es decir, en empresas, gobiernos o instituciones. 

Así lo indica un análisis realizado a través de la matriz diseñada por el especialista Ralf Hussmanns, publicado en la edición número 10 del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en que se analizaron las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el primer trimestre de 2025.

De acuerdo a la publicación, el 16.4 por ciento de los 32.1 millones de mexicanos que trabajan como informales, pertenecen al ámbito agropecuario, 6.8 por ciento al trabajo doméstico remunerado, y 53 por ciento al sector informal como tal.

De ese total, 50.1 por ciento son trabajadores asalariados, que teóricamente deberían tener prestaciones. 

El documento también detalla que en México existen 59 millones de personas ocupadas de las cuales más de la mitad, es decir el 54.3 por ciento, trabajan como informales, y enfatiza que incluso en el segmento de trabajadores informales, alrededor de 6.4 millones de ellos están en el sector formal constituido legalmente. 

Otro dato que se comparte en el estudio es que durante el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral en México disminuyó 5.0 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2005 bajando del 59.3 por ciento al 54.3 por ciento.

“Esta caída de la informalidad lo que en realidad indica es una caída de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, las personas no salen al mercado laboral. Cayó la informalidad laboral no porque se hayan ido a la formalidad, sino porque el mercado laboral ya no les está dando oportunidades”, explicó Mireya Pasillas, responsable editorial del boletín. 

Consideró que aunque esta tendencia descendente podría parecer alentadora, el ritmo de reducción ha sido lento pues ocurrió en el plazo de dos décadas, y que la informalidad continúa siendo la condición laboral predominante para más de la mitad de la población ocupada.  

Con relación al trabajo doméstico remunerado, el documento menciona que en 2019 se dio una reforma para que las trabajadoras y trabajadores del hogar que obtienen un salario sean afiliados al IMSS de forma obligatoria por sus empleadores, algo que a la fecha no ha ocurrido, pues de los 2.29 millones de personas en esta situación, solo poco más de 105 mil están registrados, lo que deja a más de 2.1 millones de personas ocupadas sin protección social.

“Prácticamente 95 por ciento siguen sin estar registrados, a pesar de que la ley lo dice”, expresó Pasilas.  

En este sentido, la académica consideró que se requiere una política pública mucho más profunda que los programas sociales así como de una seguridad social universal que, como ocurre en muchos países de Europa, no ligue la condición de acceso a la seguridad social con la condición laboral.